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Entrevista a Fernanda Torres Villarrubia, Abogada, Jefa Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Antofagasta

Fernanda, ¿no crees tú que precisamente por esto mismo, y en el contexto político actual, es decir “la agenda corta”, el nuevo control preventivo de identidad, es que ustedes hayan quedado en el ojo del huracán, y que ha surgido desde ciertos sectores la necesidad de desprestigiar el trabajo del Instituto, para bloquear su opinión en torno a estos temas, incluso atacando la figura central del Instituto, Lorena Fries, llegando algunos a solicitar su renuncia?

El Instituto, no es sólo la figura de nuestra Directora, Lorena Fries, quien ha sido la cara visible, y una cara valiente, que no ha claudicado, y que no ha temblado frente a las amenazas constantes que ella ha recibido, ya sea de partidos políticos o de otras ofensivas del Estado, o de sectores más conservadores, sino que también cuenta con el apoyo de un Consejo Directivo, que toma directrices y señala los lineamientos del Instituto. Frente a todos estos temas que tú me planteas, el Instituto ha tenido una postura bien dura y enfática; en la “agenda corta”, en el control preventivo de identidad, nosotros lo que estamos haciendo valer son los estándares internacionales, que señalan específicamente, la problemática de estas nuevas normativa y lo que traería consigo, que tiene desde detenciones ilegales, controles por sospecha, faltas de indicios, faltas de procedimientos.

Precisando la pregunta, ¿la posición del INDH, respecto de la agenda corta y el nuevo control preventivo de identidad es que NO se cumpliría con los estándares internaciones de respeto a los derechos humanos?

Esa es una de las posturas que tiene el Instituto. Específicamente, nosotros decimos que, no es que no haya una ley, o que no se legisle, sino que tienen que haber parámetros objetivos, no pueden quedar al mero arbitrio de la autoridad, quien está haciendo un control o una fiscalización, o aplicando una norma sin estándares. Si yo voy a tomar a una persona detenida tengo que tener ciertos estándares, que me den a mí la necesidad de detener a esa persona, pero no dejarlo sometido al arbitrio. Pensando en una región como Antofagasta, que ha presentado rasgos de xenofobia y discriminación a la población migrante o afrodescendiente, está muy claro que ahí van a ocurrir detenciones por sospecha muy amplia. Y en ese sentido el Instituto ha sido categórico en señalar, que no es sólo una postura “del Instituto”; lo ha señalado la Corte Suprema, lo ha señalado Naciones Unidas, la OEA, o sea, muchos organismos que trabajan y velan por los derechos humanos están en la misma postura, sin perjuicio que ha sido el Instituto, quien ha tenido que llevar la vocería, porque somos el órgano, autónomo y público, que tiene que velar justamente, por las falencias, o la protección en este caso de los derechos humanos de las personas.

Fernanda, el pasado 25 de mayo, el Consejo de Monumentos Nacionales, aprobó la declaratoria como sitio de memoria al Ex Internado Bernarda Morín, solicitada por la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia, lugar donde se torturó sistemáticamente a muchos hombres y mujeres partidarios del gobierno de la Unidad Popular, o contrarios a la dictadura: ¿En relación a las violaciones a los DDHH cometidos por la dictadura, considera el Instituto que las políticas del Estado para reparar y hacer justicia han sido suficientes?

El Instituto, en primer lugar, respecto al hecho particular de la declaración del CMN, de todo lo que ha llevado adelante la Agrupación por la Memoria histórica Providencia, nosotros estamos desde un inicio, desde la instalación de esta oficina, apoyando esa causa. También hicimos gestiones ante Carabineros, como ante el Consejo de Monumentos Nacionales, para obtener la declaratoria. Para nosotros es una gran alegría el que haya un reconocimiento de estas situaciones, que se reconozca efectivamente que acá hay lugares donde se torturó, y que eso permita también sanar y reparar a las víctimas de una u otra manera. El Instituto, en estas materias, lamentablemente tiene restricciones respecto a quien guía la parte judicial o jurídica propiamente tal, de las causas en violaciones reiteradas y sistemáticas históricas de la dictadura. Eso corresponde al Programa de Derechos Humanos que lleva el Ministerio del Interior. Son ellos los responsables, tanto de las causas judiciales, como del otorgamiento de los beneficios, lo mismo que en el Programa de Exonerados Políticos que también lleva la misma cartera. Sin embargo, el Instituto, en cada uno de sus Informes Anuales, y en cada una de sus posiciones ha señalado, primero: la necesidad de que el Estado está en deuda con las víctimas de la dictadura, que se requieren reparaciones integrales respecto de esta materia. Segundo, el Instituto lleva adelante una campaña, y la ha seguido siempre, de romper este silencio que tienen las Comisiones Valech, respecto del secreto de lo que pasó ahí. El Instituto en ese sentido, tienen el mandato legal de resguardar esos informes, pero  sí somos de la idea de que eso sea conocido y las víctimas, si quieren obtener ese material, puedan acceder a eso. Eso, bueno, lo está viendo en este minuto la justicia, a través de los recursos que se interponen; y además sentimos que hay una falta, también del Estado de NO cumplir los estándares internacionales. Yo soy muy reiterativa con los estándares internacionales, porque es lo que nos rige a nosotros como Instituto, de la protección efectiva de las personas que han sufrido violaciones reiteradas, sistemáticas históricas en etapas de dictadura…

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