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De la industria creativa a la censura de Estado

El mundo del arte en nuestro país  – como llamaría H. Becker  a la cadena de actores que actúan en la creación, exposición e interpretación de una pieza artística – ha ido incorporando en su repertorio conceptual una nueva “muletilla” que, siguiendo la tendencia internacional, ha permeado – de manera  insospechada hace algunos años – toda la escena nacional.  Esta muletilla es la de “industrias culturales”, o en el caso más extremo; “industrias creativas”, concepto que se introdujo con tal fuerza en discurso de los agentes del campo artístico que no tardó en cristalizarse en la elaboración nacional de las políticas culturales con el efecto perverso: la censura del Estado hacia la actividad creativa.

El concepto de industrias culturales o industria creativa acarrea consigo dos premisas importantes: sí hablamos de industria, hablamos de un conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad la producción de un bien de consumo (en este caso la pieza artística u objeto creativo) y dos; como bien de consumo, esta pieza artística se rige por la leyes del mercado.  A nadie presente en el mundo del arte le pareció molestar esta situación propia a “la industria cultural”, por tanto, se presume aceptada por los grupos de interés.

Ante dicho contexto, cabe preguntarse, ¿debe el Estado involucrarse en la actividad cultural del país?, en primera instancia se debe aclarar que una intervención en torno a fallos de mercado no se justificaría en ningún caso y, ahondar sobre eso, requeriría sobrepasar las pretensiones de esta columna. Por tanto, la intervención del Estado pareciera tener dos caminos a seguir: analizar los bienes culturales desde el concepto de excepción cultural, concepto elaborado en el marco del GATT (Acuerdo General sobre Tarifas e Intercambio), en donde se estableció que la cultura y sus actividades productivas deben estar exceptas de las reglas del comercio común, fomentando la protección contra debilitamiento y hasta la desaparición de las identidades culturales nacionales en manos del mercado; o dos, fomentar la industria cultural nacional a través de incentivos económicos a lo largo de la cadena de actores involucrados en la industria cultural. Esta última opción pareciera ser la escogida en la política cultural nacional, financiando especialmente la etapa creativa de la pieza entregando una cantidad significativa de fondos públicos a los artistas y estableciendo incentivos tributarios a los privados que decidan aportar a la industria.



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