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Justicia Indígena: Del reconocimiento internacional a su implementación

Para adentrarnos en el tema que nos convoca debemos comenzar preguntándonos: ¿Qué es la “justicia indígena”? Siguiendo a Boaventura de Sousa Santos podemos decir que

la justicia indígena es la diversidad de normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas que son ejercidas al interior de las comunidades por sus respectivas autoridades.

Establecido el concepto, veamos que nos señala la normativa internacional al respecto. La justicia indígena está garantizada como derecho colectivo de los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT, en los artículos 8 y 9[i], que establecen la conservación de sus costumbres e instituciones, y el respeto a sus métodos tradicionales para la represión de delitos cometidos por sus miembros. Ambos artículos establecen la condicional de que dichas instituciones y métodos sean compatibles con el sistema jurídico nacional y los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Asimismo, la Declaración Universal de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en términos más o menos similares, pero con menor restricción, establece en sus artículos 34 y 35[ii] el derecho a promover, desarrollar y mantener costumbres o sistemas jurídicos (cuando existan), de conformidad con las normas internacionales, y el derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades.

Este es el marco jurídico internacional que contempla las bases para un reconocimiento de la justicia indígena por parte de los Estados, y está indefectiblemente ligado al paradigma de un pluralismo jurídico, es decir, con el reconocimiento de la existencia de más de un sistema jurídico en un mismo espacio sociopolítico (Wolkmer, 2006). Esta idea claramente pugna con una concepción kelseniana, monista y positivista del derecho moderno que erige al Estado como el titular único de la producción de derecho al interior de un país.



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