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Mujer y aborto: a recuperar nuestros derechos

Actualmente Chile enfrenta un debate histórico sobre el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales: caso de riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación.

Al revisar la historia, podemos ver que la concepción de este procedimiento ha tenido matices ideológicos de acuerdo al contexto social de la época. De acuerdo a la investigación realizada por Claudia Dides “Aportes al debate sobre el aborto en Chile: derechos, género y bioética”, en los años previos a 1930, “cuando el aborto tuvo el estatus de grave problema de salud pública y se autorizó en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la mujer, a través del Código Sanitario, el aborto inducido había permanecido en el ámbito de la vida privada y no constituía preocupación de la opinión pública, de las autoridades ni de otras instituciones”. Posterior a 1930, con la primera propuesta de legalización, el debate se traslada desde lo privado a lo público.

En 1935, el doctor Víctor Gacitúa planteó la idea de legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo, argumentando que habían razones legítimas como la violación, el incesto, la pobreza o inviabilidad fetal, dado los altos índices de mortalidad en mujeres a causa de procedimientos precarios o mal realizados. En ese sentido, la propuesta daba un paso significativo en cuanto al aborto terapéutico como procedimiento clínico que, según el Código Sanitario de 1931, podía realizarse “sólo con fines terapéuticos (…) y para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos”.

Según la historiadora María Soledad Zárate, en su columna “El aborto en Chile: la historia de un debate… ¿interrumpido?”, publicada en El Dínamo, al finalizar la década de 1950 la alta tasa de mortalidad en mujeres producto de abortos provocados, pasó a ser considerada una epidemia que el Servicio Nacional de Salud intentó combatir a través de un aumento en la cobertura del control prenatal, del parto y también incrementando los subsidios materiales para las mujeres.  De las políticas puestas en marcha, el Programa de Planificación Familiar impulsado en 1964, aportó de manera relevante en el propósito de reducir las tasas de aborto y de mortalidad de la mujer, destacándose a nivel mundial.



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