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Pluralismo Jurídico y Pueblos Indígenas: un nuevo paradigma de legalidad

En la actualidad, distintos actores de nuestro país se han abierto a un debate respecto a las condiciones jurídicas de los pueblos indígenas, es decir, de sus formas de organización político-jurídicas y sus distintos modos de reproducción de vida.

Así también, después de largos años de lucha de los pueblos que hoy habitan Latinoamérica, es que las ideas de autonomía, de nuevos estatutos jurídicos y de comprensión de nuevas formas socio-ideológicas aparecen en nuestro escenario.

Es por esto que hoy nos nace una pregunta y a la vez un desafío: ¿Está respondiendo nuestro actual ordenamiento jurídico a las distintas realidades, prácticas sociales y normativas de los pueblos que están presentes en nuestro territorio?

El modelo tradicional de legalidad positiva, basado en los valores del individualismo liberal y constituido por fuentes estatales, cruza un proceso de agotamiento que recae en sus fundamentos, objetivos y fuentes de producción (Wolkmer, 2003, 248). La estructura normativa del moderno Derecho positivo formal, que busca en sus orígenes reglamentar y legitimar desde el siglo XVIII los intereses de una tradición jurídica burgués capitalista, es poco eficaz y no consigue responder a las prácticas y costumbres de las sociedades de la periferia, como las latinoamericanas, por las acentuadas contradicciones sociales que causan la crisis de legitimidad y de funcionamiento de las instituciones jurídico-políticas de la modernidad capitalista. Como señala el profesor Antonio Carlos Wolkmer, “los modelos culturales y normativos que justificaron el mundo de la vida, la organización social y los criterios científicos, se volvieron insatisfactorios y limitados” (Wolkmer, 2003, 248), por lo que se ha abierto un espacio para repensar desde las ciencias sociales nuevas formas de legitimación de las fuentes, prácticas e instituciones de nuestro Derecho. Desde esta perspectiva, emerge la idea del Pluralismo Jurídico, ya

que se hace necesaria la instauración de un nuevo marco emancipatorio para el Derecho en Latinoamérica, el cual debe esforzarse en el desarrollo de explicaciones consistentes en cuanto a la especificidad de prácticas y culturas jurídicas del continente.



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