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Volver al origen

“Quiero luego reservar la posibilidad de una justicia o de una ley que no solo exceda o contradiga el Derecho, sino que tal vez no tenga relación con el Derecho, o que mantenga con él una relación tan extraña, que pueda tanto exigir el Derecho como excluirlo (…) esta posibilidad, lejos de minar o de fragilizar la democracia, la funda y fortalece, lo que hace que esa posibilidad, sea otro nombre de aquello que usualmente llamamos Soberanía Popular”.

(V. Saflate)

Toda relación laboral esconde un problema de poder. Esto es así porque entre empleador y trabajador individualmente considerado, existe una desigualdad fundamentalmente económica, determinada por el derecho de propiedad que detenta y ejerce aquel al interior de su empresa. Esta desigualdad intrínseca a la relación de trabajo se denomina vínculo de subordinación y dependencia, concepto técnico-jurídico-empresarial reconocido por el artículo 7 del Código del Trabajo (C.T.),

que explica la sujeción obligatoria del trabajador a los lineamientos de dirección y organización que el empleador imparte, por ejemplo, a través de los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad.

Como contrapartida de lo anterior, la libertad sindical surge durante el siglo XIX -por el ejercicio de hecho de los trabajadores organizados- para mitigar dicha desigualdad, posicionando al trabajador constituido colectivamente en una relación de equilibrio con el empleador, permitiendo que los derechos fundamentales de cada uno de ellos sean respetados y promovidos en igualdad de condiciones dentro de la sociedad civil. De esta manera, una garantía plena al ejercicio de la libertad sindical permite, no solo al interior de la empresa sino a nivel país, avanzar hacia la efectiva concreción de la igualdad de oportunidades, aumentando los niveles de productividad, redistribuyendo el ingreso, haciendo a los trabajadores y trabajadoras realmente partícipes de la vida política y económica nacional, y garantizándose con esto, finalmente, la “gobernabilidad”.

 

Pero ¿qué significa garantizar plenamente el derecho fundamental de la libertad sindical? Si tomamos en consideración que esta se define como el derecho de los trabajadores y trabajadoras para organizarse y defender sus intereses comunes, garantizarla plenamente consiste –precisamente- en permitir sin limitación alguna, la realización concreta de dicho concepto. Para garantizar el ejercicio pleno de la libertad sindical debemos volver al origen, reconociéndose íntegramente la “autonomía sindical” (consagrada a nivel constitucional por el artículo 19 Nº 19), que implica un poder de autorreglamentación, de un orden no impuesto por alguien extraño a la organización (el Estado), sino por sus propios miembros, y en virtud del ejercicio de su calidad de tales.

 



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